UEF ESPAÑA, CON LA EUROPA SOCIAL

La Unión de los Europeístas y Federalistas de España respalda la aprobación de la “Proclamación Interinstitucional sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales”, una realidad desde el 17 de noviembre de 2017, en Gotemburgo.

Este documento reitera el compromiso de las instituciones europeas con las políticas activas de empleo, el salario mínimo, el diálogo social europeo, la educación infantil y asistencia sanitaria asequibles, las ayudas al desempleo, la renta mínima, las pensiones de jubilación y el apoyo a los sintecho y las personas con discapacidad.

Sin embargo, se trata de una iniciativa política sin valor jurídico, por lo que es preciso que la Unión y los Estados miembros trasladen estos principios en normas vinculantes.

La Europa comunitaria ha venido desarrollando desde hace tiempo una relevante dimensión social, que se ha concretado por ejemplo, en la limitación de los horarios laborales con la Directiva de Tiempo de Trabajo, de 2003, que establecía un máximo de 8 horas diarias y de 48 horas semanales y al menos cuatro semanas de vacaciones, o la prohibición de discriminación salarial por género, entre otras muchas normas, como las relativas a la seguridad, salud e higiene en el trabajo, la cotización a la seguridad social de los trabajadores emigrados, o la negociación colectiva europea.

Asimismo, desde la entrada en vigor del Tratado de Roma en 1957 se puso en marcha el Fondo Social Europeo, cuya financiación asciende a 10 000 millones de euros al año, y que busca mejorar las perspectivas laborales de millones de europeos, en especial de quienes tienen dificultades para encontrar trabajo.

Además, la Comisión Europea ha puesto en marcha el programa de la Garantía Juvenil, que tiene por finalidad que cualquier joven reciba a los cuatro meses de abandonar la educación o pasar al desempleo, una formación adicional, una beca de formación o contrato de aprendizaje, o un trabajo.

Con todo, UEF España considera que la Europa social no está suficientemente desarrollada para luchar contra la desigualdad y los efectos negativos de la globalización y para garantizar derechos sociales y unas condiciones de vida digna a todos las personas residentes en Europa. Esto redunda en descontento y frustración de los ciudadanos, lo que es utilizado por nacionalistas y populistas para atacar el propio proyecto de integración europeo y el modelo de sociedad abierta y multicultural en el que se basa

En particular, la Unión carece de legislación sobre salarios mínimos y protección social mínima, en parte por las limitaciones que impone el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuyo artículo 153.2.a) prohíbe toda armonización de las disposiciones reglamentarias y legales de los Estados miembros, mientras que el apartado 5 del mismo precepto excluye las remuneraciones del ámbito de actuación de la UE.

Con todo, y en tanto no se reforma el Tratado, es posible avanzar en la construcción del llamado Pilar Europeo de Derechos Sociales con iniciativas como el seguro europeo de desempleo, el establecimiento de un sistema orientativo de salarios mínimos de referencia, y la introducción de una legislación europea sobre el acogimiento e integración, incluyendo las ayudas sociales, de inmigrantes y refugiados, entre otras medidas.